La Cámara de Diputados aprobó la transferencia de funciones del CONEVAL al INEGI, así como reformas a la Guardia Nacional

En el primer día del periodo extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que transfiere las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El documento fue enviado al Senado de la República para su análisis y votación.

La iniciativa, que modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que el INEGI será la institución encargada de medir la pobreza y evaluar los programas sociales. Con la entrada en vigor del decreto, el CONEVAL dejará de existir y sus recursos, bienes y obligaciones serán transferidos al INEGI, que asumirá también sus funciones normativas, coordinadoras y operativas. El CONEVAL deberá entregar la información contable y presupuestal a la Secretaría de Hacienda en un plazo de diez días hábiles.

La reforma fue aprobada con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones en lo general, y con 348 votos a favor y 132 en contra en lo particular.

Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó, con 349 votos a favor, 132 en contra y 0 abstenciones en lo general, el dictamen que expide la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversos ordenamientos legales en la materia.

El nuevo ordenamiento, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran:
Otorgar a la Guardia Nacional la facultad de realizar tareas de investigación e inteligencia, incluyendo operaciones encubiertas y usuarios simulados.
Permitir la intervención de comunicaciones privadas, con previa autorización judicial solicitada por la SEDENA.
Establecer que el mando general de la institución será un general de división, nombrado por el Presidente/Presidenta de la República a propuesta de la SEDENA.

Posterior a su aprobación, el dictamen será turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

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