Harvard demandó al gobierno de Donald Trump tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de impedir la inscripción de estudiantes internacionales.
La jueza Allison D. Burroughs de Boston bloqueó la orden a petición de la universidad y dictó una orden de restricción temporal, coincidiendo en que la aplicación de la orden causaría un “perjuicio inmediato e irreparable” a Harvard.
La respuesta rápida de Harvard demuestra que impedir la llegada de estudiantes internacionales, que atraen a los mejores académicos del mundo, desestabilizaría la existencia misma de la universidad.
En una carta a la comunidad de Harvard entregada por su decano, Alan M. Garber, expresó su condena a esta acción ilegal e injustificada. Además, advirtió que esta acción pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard, y sirve como advertencia para un número incontable de personas en escuelas y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para proseguir su educación y cumplir sus sueños.
Tras su toma de posesión, el gobierno de Trump ha intentado utilizar casi todos los medios a su disposición para obligar a las universidades, especialmente a Harvard, a ceder a sus demandas. Actualmente, se están llevando a cabo al menos ocho investigaciones sobre Harvard, abarcando al menos seis agencias federales.
Harvard cuenta con aproximadamente 6800 estudiantes internacionales, lo que representa alrededor del 27 por ciento de su alumnado.
La orden del gobierno podría afectar en última instancia tanto a los estudiantes actuales, que podrían verse obligados a buscar otras instituciones, como a los estudiantes de Harvard recién admitidos que se dirigen a Estados Unidos en el otoño.