El Senado aprobó la reforma a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para extinguir al CONEVAL y transferir sus funciones al INEGI.
La cámara aprobó el proyecto con 73 votos a favor y 34 en contra. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas, pero fueron rechazadas. Los artículos reservados se aprobaron con 71 votos a favor y 34 en contra, y el proyecto fue enviado al Ejecutivo Federal.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, explicó que la reforma busca simplificar la estructura orgánica y extinguir organismos autónomos como el CONEVAL. Afirmó que el dictamen para reformar varias leyes busca extinguir al CONEVAL y transferir sus funciones al INEGI, ya que combatir la pobreza requiere medirla, estudiar sus causas y reducir la desigualdad.
Chávez Treviño señaló que, a pesar del trabajo diario, la pobreza persiste debido a la desigualdad. Por ello, se transfiere el trabajo del CONEVAL, que analiza y procesa datos del INEGI, lo que permite una colaboración efectiva. Además, el INEGI es mucho más grande, lo que generaría ahorros y más recursos para programas sociales.
La senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, afirmó que enfrentar la desigualdad y la pobreza requiere medición, evaluación, políticas públicas consistentes e instituciones capacitadas. Lamentó la extinción del CONEVAL, considerando que el INEGI, aunque una buena institución, no está preparado para asumir sus funciones.
Lizeth Sánchez García, del PT, afirmó que la medición de la pobreza no es solo un ejercicio estadístico, sino una herramienta de justicia que permite al Estado identificar las brechas. El INEGI puede desempeñar esta labor. Criticó al CONEVAL por no servir al pueblo y convertir la pobreza en un dato manipulable.
Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México, abogó por la modernización de la función pública y la transferencia de funciones del CONEVAL al INEGI para evitar duplicidades y racionalizar recursos. Reconoció la labor del CONEVAL y la reivindicó al trasladar sus funciones a una institución autónoma.
Ángel García Yáñez, del PRI, consideró el dictamen un grave retroceso institucional, ya que la extinción del CONEVAL busca silenciar la identificación y medición de la pobreza. Criticó la desaparición del CONEVAL por ocurrencias y caprichos políticos, ya que la política social es un compromiso de Estado, no un botón electoral.
Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, afirmó que la reforma es un acto de opacidad, pues busca extinguir al CONEVAL, no por austeridad, sino porque incomoda la evaluación. Criticó al gobierno por ver a los órganos autónomos como obstáculos y abrazar la corrupción.
Simey Olvera Bautista, de Morena, rechazó la acusación de usar la pobreza para votos, argumentando que los programas sociales son universales y no condicionados. Defendió la reforma como parte del Plan C, buscando más eficacia y menos burocracia, y criticó al CONEVAL por caer en la simulación tecnocrática.